El secretario de Comunicación del Gobierno de la Provincia, Alberto Siufi, llevó a cabo una conferencia de prensa donde detalló varios temas vinculados a la actualidad de Jujuy.
En un encuentro que marcó un giro hacia una gestión comunicacional más abierta y sistemática, el funcionario abordó los principales ejes de la realidad provincial.
En este contexto, marcado por tensiones económicas y demandas crecientes sobre el Estado provincial, el funcionario brindó un extenso panorama de gestión, con especial énfasis en salud, infraestructura, educación, seguridad y desarrollo productivo y económico, además de analizar el impacto de las políticas nacionales en la provincia.
En materia de salud, uno de los ejes centrales fue el conflicto entre el Instituto de Seguros de Jujuy y el sector privado. Se explicó que, pese a contar con cápitas bajas, el organismo cubre a unos 190.000 afiliados, lo que complejiza su funcionamiento. Para evitar nuevas medidas de fuerza, se acordó con la Cámara Jujeña de Empresas de Salud un mecanismo que obliga a justificar y documentar cada débito mediante actas firmadas por autoridades y representantes del sector, eliminando prácticas compulsivas.
En paralelo, se advirtió sobre la delicada situación del PAMI, que atraviesa una crisis profunda con una deuda estimada entre 500 y 700 mil millones de pesos y demoras en los pagos a médicos. Se ejemplificó con la reducción en la cobertura de medicamentos esenciales, que en algunos casos pasó del 100% al 50%, afectando directamente el poder adquisitivo de los jubilados. También se cuestionó la eliminación del Plan Remediar y la insuficiente compra de vacunas antigripales —990.000 dosis para más de 5 millones de afiliados—, en un contexto de alerta por variantes más agresivas de la gripe.
Desde el gobierno provincial se señaló además que existe una transferencia de responsabilidades sanitarias desde la Nación hacia las provincias sin financiamiento acorde. Programas como Incluir Salud han sido recortados, lo que obliga al sistema público local a absorber la demanda, evidenciado en las 46.800 atenciones semanales en centros de salud y servicios como el SAME.
La situación de la infraestructura vial también fue planteada como crítica. La obra sobre la Ruta Nacional 34 enfrenta riesgo de paralización debido a una deuda nacional de 13 millones de pesos por certificados impagos, a lo que se suman compromisos próximos a vencer. La empresa a cargo ya redujo significativamente su planta de trabajadores, lo que incrementa la preocupación por la continuidad de una obra considerada clave y que, de frenarse, podría convertirse en un riesgo para la seguridad vial.
A esto se suma la incertidumbre en torno al programa de Corredores Viales. Si bien inicialmente se había anunciado la inclusión de Jujuy en la reactivación de obras junto con la instalación de peajes, informes posteriores dejaron a la provincia fuera del esquema de financiamiento, generando dudas sobre la concreción de proyectos estratégicos. En este sentido, se informó sobre gestiones ante autoridades nacionales, incluyendo reuniones con Diego Santilli.
En el plano económico, el funcionario cuestionó el modelo nacional basado en el superávit fiscal, al considerar que se logra a partir de recortes y deudas con las provincias. Entre los puntos señalados se encuentran fondos retenidos del impuesto a los combustibles destinados a mantenimiento vial, deudas vinculadas al PAMI y conflictos por coparticipación. También se hizo referencia al conflicto universitario, tras la judicialización del financiamiento educativo por parte del gobierno nacional, lo que derivó en paros y genera incertidumbre entre los estudiantes.
Respecto a Jujuy, se indicó que la provincia opera con déficit y enfrenta una distribución desigual de recursos, aunque mantiene controlada su deuda, con compromisos respaldados por ingresos del parque solar Cauchari.
En seguridad, se anunció la implementación de una política de “tolerancia cero” ante amenazas en establecimientos educativos, tras registrarse 27 denuncias. El protocolo incluye allanamientos, secuestro de dispositivos y acciones judiciales, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación. También se mencionó la revisión de mochilas en algunos casos y el debate sobre la restricción del uso de celulares en las aulas.
En educación, se destacaron avances como la regularización del reconocimiento de títulos para más de 2.000 docentes y la implementación de la Resolución 623, que establece un procedimiento integral para la cobertura de cargos jerárquicos en escuelas técnicas y agrotécnicas, dando respuesta a una demanda histórica del sector.
El desarrollo productivo fue otro de los ejes abordados. Se resaltó el impulso a las Zonas Francas de La Quiaca y Perico, y la reciente licitación para la administración de la primera, en la que se presentó la empresa internacional Palic Group. En este marco, se remarcó la necesidad de que el empresariado local tenga un rol protagónico, con el acompañamiento de entidades financieras y profesionales. También se destacó el crecimiento de proveedores jujeños en la minería, que pasó del 6% al 62% en los últimos 15 años, como modelo a replicar.
Finalmente, se informó sobre la renovación en la cúpula policial, con la designación de nuevas autoridades y la elaboración de un plan integral de seguridad. En el plano político, el secretario expresó —a título personal— su postura a favor de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, al considerar que la simultaneidad distorsiona el debate local.
La conferencia dejó en evidencia un escenario complejo, atravesado por restricciones económicas, conflictos estructurales y una fuerte dependencia de decisiones nacionales, pero también por una agenda provincial que busca sostener la gestión, garantizar servicios esenciales y promover el desarrollo económico.
