La motosierra del Gobierno nacional ya no se mide solamente en partidas presupuestarias, organismos cerrados o programas eliminados. Sus consecuencias comienzan a verse en algo mucho más concreto: la vida cotidiana de miles de personas que dependen de políticas públicas para acceder a servicios básicos de salud. Uno de los casos más preocupantes aparece en el acceso a métodos anticonceptivos.
Durante 2024, más de 1,2 millones de mujeres contaban con protección mediante métodos anticonceptivos distribuidos a través del sistema público. Para 2026, las proyecciones indican que esa cobertura podría reducirse drásticamente hasta unas 63.000 mujeres. La diferencia es enorme. Y detrás de cada número hay una persona que puede quedar sin acceso a un método que le permite decidir sobre su propio cuerpo, planificar su vida y evitar un embarazo no intencional.
EL RECORTE QUE NO APARECE EN EL DISCURSO ECONÓMICO
El Gobierno de Javier Milei convirtió el ajuste del gasto público en uno de los ejes centrales de su gestión. Pero cuando el recorte alcanza políticas de salud sexual y reproductiva, el supuesto ahorro puede terminar generando un costo mucho mayor para toda la sociedad.
Las estimaciones realizadas sobre el impacto de la reducción de estos programas proyectan que podrían producirse alrededor de 240.000 embarazos no intencionales adicionales, más de 112.000 abortos evitables, unas 452 muertes maternas y aproximadamente 2.600 muertes neonatales. Son números que deberían obligar a replantear qué significa realmente “ahorrar”.
Porque si el Estado deja de invertir en prevención y después debe afrontar las consecuencias sanitarias y sociales de esa decisión, el ahorro inicial puede convertirse en un gasto mucho mayor.
UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE FUNCIONABA
Durante años, Argentina construyó un sistema de salud sexual y reproductiva que permitió ampliar el acceso gratuito a información, controles y métodos anticonceptivos. También existieron programas destinados específicamente a prevenir embarazos no intencionales en adolescentes. El desfinanciamiento de estas políticas significa retroceder en una herramienta que no solamente tiene impacto sanitario.
La posibilidad de decidir cuándo tener hijos también influye en la continuidad educativa, en el acceso al empleo y en las posibilidades económicas de las familias. Por eso, reducir la entrega de anticonceptivos no es simplemente retirar una caja de un centro de salud. Es quitar una herramienta de planificación y autonomía.
EL ESTADO SE RETIRA Y EL PROBLEMA QUEDA
El discurso del ajuste sostiene que el Estado debe gastar menos. Pero hay áreas donde retirarse no elimina el problema. Un embarazo no intencional no desaparece porque el Estado deje de comprar anticonceptivos. Una adolescente que no puede acceder a información o prevención tampoco deja de necesitar atención médica.
Lo que cambia es quién termina pagando las consecuencias. Y, una vez más, quienes tienen menos recursos son los que quedan más expuestos. Una persona con capacidad económica puede recurrir a una farmacia y comprar un método anticonceptivo. Para muchas familias de bajos ingresos, en cambio, la provisión gratuita del sistema público puede ser la diferencia entre tener acceso o directamente no tenerlo.
EL AJUSTE TAMBIÉN PRODUCE DESIGUALDAD
La reducción de estas políticas puede profundizar las desigualdades existentes. Las consecuencias no se distribuyen de manera uniforme: quienes cuentan con recursos pueden buscar alternativas; quienes dependen del sistema público quedan condicionados por las decisiones presupuestarias del Gobierno nacional.
Así, una política presentada como “austeridad” termina trasladando costos hacia las familias, los hospitales y las provincias. Y cuando la prevención desaparece, la respuesta suele llegar después, cuando el problema ya existe y resulta mucho más caro solucionarlo.
¿CUÁNTO CUESTA REALMENTE NO PREVENIR?
Hay una contradicción difícil de ignorar. La anticoncepción representa una herramienta de prevención relativamente económica frente a los costos sanitarios y sociales que pueden generarse cuando esa prevención desaparece. Cada peso que el Estado deja de invertir hoy puede terminar multiplicándose mañana en atención médica, asistencia social, educación interrumpida y pérdida de oportunidades laborales. Por eso, la discusión no debería limitarse a cuánto dinero se recorta del presupuesto. La pregunta verdaderamente importante es cuánto le costará a la Argentina ese recorte dentro de algunos años.
LA MOTOSIERRA TIENE CONSECUENCIAS
El Gobierno nacional puede presentar el ajuste como una cuestión de números. Pero los números tienen nombres, familias y proyectos de vida. Cuando una política de salud funciona durante años, reducirla de manera abrupta no significa simplemente achicar el Estado. Significa retirar una red de protección que muchas personas necesitan. La motosierra puede cortar una partida presupuestaria en una planilla. Pero cuando llega a la salud, sus consecuencias no quedan en una planilla. Se traducen en menos prevención, más desigualdad y mayores riesgos para quienes dependen del sistema público.
Y esa es quizás una de las preguntas que el Gobierno nacional todavía no respondió: ¿cuánto está dispuesto a pagar el país por el ahorro que hoy presenta como un éxito?
