EL GOBIERNO RECAUDÓ $1,5 BILLONES PARA ARREGLAR LAS RUTAS, PERO MÁS DE $1 BILLÓN TERMINÓ EN INVERSIONES FINANCIERAS
El Gobierno nacional acumuló durante los últimos dos años y medio alrededor de $1,5 billones destinados específicamente al financiamiento de obras viales, pero apenas una cuarta parte de esos recursos fue utilizada para mejorar, mantener o rehabilitar las rutas nacionales.
Mientras miles de kilómetros presentan un deterioro cada vez más evidente, más de $1 billón permanecía colocado en instrumentos financieros, entre títulos públicos y plazos fijos, en lugar de transformarse en obras concretas sobre el territorio.
El dato expone una de las mayores contradicciones de la política de infraestructura de la administración de Javier Milei: mientras el discurso oficial insiste en la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reducir el gasto, existen recursos que fueron recaudados con un destino específico y que no están llegando al objetivo para el cual fueron obtenidos.
El dinero proviene del sistema creado para financiar obras viales mediante una parte de los impuestos aplicados a los combustibles. Es decir, se trata de recursos vinculados directamente con una actividad que millones de argentinos sostienen cada vez que cargan combustible en sus vehículos.
Sin embargo, entre 2024 y mayo de 2026 se habrían recaudado aproximadamente $1.503.252 millones, mientras que solamente $394.406 millones fueron ejecutados en obras viales.
La diferencia resulta difícil de explicar cuando el estado de las rutas nacionales genera reclamos en distintas provincias y cuando el deterioro de la infraestructura impacta directamente sobre quienes utilizan diariamente esas vías para trabajar, transportar mercadería, viajar o acceder a servicios.
EL DINERO ESTÁ, PERO EL ASFALTO NO APARECE
Los números muestran que el problema no sería solamente la falta de recursos.
Durante el período analizado, los fondos destinados al sistema vial fueron acumulando inversiones financieras. A fines de mayo, la cartera superaba el billón de pesos, mientras otros recursos permanecían inmovilizados en cuentas.
En términos concretos, el Estado tenía recursos que podían utilizarse para infraestructura vial, pero una parte sustancial permanecía colocada en instrumentos financieros.
La situación adquiere mayor gravedad cuando se observa el estado de las rutas nacionales.
Mientras el Gobierno nacional sostiene una política de fuerte reducción de la obra pública, las rutas continúan deteriorándose. Pozos, banquinas destruidas, calzadas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas forman parte de un escenario que se repite en diferentes puntos del país.
Y detrás de cada ruta deteriorada no solamente existe un problema de infraestructura: también aparecen mayores costos para transportistas, riesgos para los conductores, demoras logísticas y dificultades para las economías regionales.
UNA CUENTA QUE NO CIERRA
La administración de Javier Milei hizo de la austeridad y del equilibrio fiscal una de las principales banderas de su gestión.
Pero la discusión cambia cuando se trata de recursos que tienen un destino determinado.
No se trata simplemente de preguntar cuánto gasta el Estado, sino qué hace con el dinero que recauda y para qué fue recaudado.
Si se cobran impuestos vinculados al combustible para financiar infraestructura vial, pero los fondos terminan acumulados en inversiones financieras mientras las rutas se deterioran, la pregunta resulta inevitable: ¿cuándo llegará ese dinero a las obras que necesitan los argentinos?
La paradoja es evidente. Los automovilistas y transportistas siguen pagando cada vez que cargan combustible, mientras las rutas por las que circulan continúan esperando mantenimiento.
EL COSTO LO PAGAN LOS QUE TRANSITAN
La falta de obras también tiene un costo económico que no siempre aparece en las planillas oficiales.
Una ruta deteriorada aumenta el desgaste de vehículos, eleva los tiempos de viaje, encarece el transporte de cargas y puede terminar afectando el precio final de los productos.
En las provincias, además, las rutas nacionales cumplen un papel fundamental para conectar localidades, trasladar producción y garantizar la circulación entre regiones.
Por eso, mantener los recursos inmovilizados mientras la infraestructura se deteriora no puede analizarse únicamente como una decisión financiera. También representa una decisión política sobre dónde se colocan las prioridades del Estado.
El Gobierno nacional puede mostrar números fiscales ordenados, pero una ruta destruida también es parte de la realidad económica del país.
MÁS DE UN BILLÓN SIN LLEGAR A LAS RUTAS
Al cierre del período analizado, entre inversiones financieras y dinero inmovilizado en cuentas, los recursos que todavía no habían llegado al asfalto superaban $1,038 billones.
La cifra resulta particularmente significativa porque representa una enorme capacidad de inversión que permanece fuera de las rutas mientras las necesidades de mantenimiento se multiplican.
El debate, entonces, deja de ser solamente presupuestario.
Es una discusión sobre prioridades.
Porque mientras el Gobierno nacional sostiene que no hay margen para financiar determinadas obras, existen recursos específicamente vinculados al sistema vial que permanecen fuera de las obras que deberían financiar.
Y mientras el dinero espera en instrumentos financieros, las rutas esperan algo mucho más concreto: máquinas, trabajadores, asfalto y mantenimiento.
La Argentina puede discutir durante años sobre déficit, superávit y equilibrio fiscal. Pero para quienes recorren diariamente una ruta deteriorada, el problema es mucho más simple: hay dinero que fue recaudado para arreglar caminos y los caminos siguen sin arreglarse.
